El Oratorio de San Felipe es un buen marco para acoger cualquier foro relacionado con la justicia universal y los derechos humanos. El lugar donde se firmó la primera constitución española debe ser escenario permanente de debate , pues además de ilustrar las palabras que allí dentro se crucen, el vivo eco de sus acentos recordará a sus ciudadanos quiénes somos y adónde nos encaminamos. En estos días se celebra en su recinto un encuentro de coordinadores provinciales de los secretarios judiciales de toda España, cuerpo del que el ciudadano medio no tiene mucha idea de cuáles son sus ocupaciones y menesteres, pero sin cuya existencia no sería posible la plena aplicación de la justicia.
Salvando las distancias, podríamos comparar la actividad de un secretario judicial con la del médico de cabecera, mientras que la del juez sería equiparable a la del especialista. Este último diagnostica la enfermedad, incluso prepara su intervención quirúrgica, pero el primero se ocupa del seguimiento cotidiano del paciente. En el juzgado, el juez dicta sentencia y el secretario judicial inicia y determina el procedimiento para que esta sea cumplida a su debido tiempo. En la realidad, las cosas no son tan sencillas, pues de la misma manera que en la sanidad pública existen listas de espera, en la justicia hay exceso de trabajo para un personal, no tan escaso como obsoleto e indisciplinado. Los atascos, burocracia y acumulación de expedientes no se deben solo a la falta de medios, sino a la actitud pasiva y desdeñosa de muchos de sus funcionarios. Solo basta con asomarse a algún juzgado para observar cómo la mayoría de sus empleados no cumplen el horario, se retrasan en sus diligencias, abusan de las bajas médicas y no llevan a cabo sus obligaciones de manera ordenada. El secretario judicial es el responsable del funcionamiento de la oficina, pero no puede convertirse en un mero jefe de personal. Es un dilema que, tanto gobierno como judicatura, deben plantearse juntos, cada cual dentro de sus competencias. Por eso no se entiende muy bien la movilización de secretarios en solidaridad con una compañera privada de empleo y sueldo por el Ministerio de Justicia al no haber dado curso oportuno a la sentencia de su juez, en la que se condenaba a prisión al pederasta que supuestamente asesinó a la niña Mari Luz. Tal vez pudiésemos justificar el plante como agravio comparativo con la simbólica multa interpuesta al juez titular. Pero aún es menos entendible que los jueces aprovechasen este momento para reivindicar la modernización de sus juzgados. Tiende todo a un arrogante gesto corporativo de un colectivo que se cree por encima del resto de la sociedad, despreciando sus críticas bajo sospechas de desacato.
Salvando las distancias, podríamos comparar la actividad de un secretario judicial con la del médico de cabecera, mientras que la del juez sería equiparable a la del especialista. Este último diagnostica la enfermedad, incluso prepara su intervención quirúrgica, pero el primero se ocupa del seguimiento cotidiano del paciente. En el juzgado, el juez dicta sentencia y el secretario judicial inicia y determina el procedimiento para que esta sea cumplida a su debido tiempo. En la realidad, las cosas no son tan sencillas, pues de la misma manera que en la sanidad pública existen listas de espera, en la justicia hay exceso de trabajo para un personal, no tan escaso como obsoleto e indisciplinado. Los atascos, burocracia y acumulación de expedientes no se deben solo a la falta de medios, sino a la actitud pasiva y desdeñosa de muchos de sus funcionarios. Solo basta con asomarse a algún juzgado para observar cómo la mayoría de sus empleados no cumplen el horario, se retrasan en sus diligencias, abusan de las bajas médicas y no llevan a cabo sus obligaciones de manera ordenada. El secretario judicial es el responsable del funcionamiento de la oficina, pero no puede convertirse en un mero jefe de personal. Es un dilema que, tanto gobierno como judicatura, deben plantearse juntos, cada cual dentro de sus competencias. Por eso no se entiende muy bien la movilización de secretarios en solidaridad con una compañera privada de empleo y sueldo por el Ministerio de Justicia al no haber dado curso oportuno a la sentencia de su juez, en la que se condenaba a prisión al pederasta que supuestamente asesinó a la niña Mari Luz. Tal vez pudiésemos justificar el plante como agravio comparativo con la simbólica multa interpuesta al juez titular. Pero aún es menos entendible que los jueces aprovechasen este momento para reivindicar la modernización de sus juzgados. Tiende todo a un arrogante gesto corporativo de un colectivo que se cree por encima del resto de la sociedad, despreciando sus críticas bajo sospechas de desacato.
Es verdad que a un secretario se le acumula el trabajo sobre la mesa, pero también es cierto que cuando a ese funcionario es consciente de lo que significa el cumplimiento de una orden de encarcelamiento o libertad, saca el tiempo de debajo de las piedras. Conozco a un secretario que, antes de disfrutar las vacaciones, se ocupa de dar salida a todos los expedientes urgentes, no vaya a ser que alguien, con el verano de por medio, tenga que pasarse tres meses más entre las rejas. O, al contrario, dejar a un asesino suelto por la playa. Nadie le obliga a hacer horas extras gratuitas, sólo su ética profesional y un verdadero sentimiento solidario que va más allá de la pancarta y la manifestación. Ojalá que la cúpula del Oratorio arroje luz histórica a los allí reunidos.
