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miércoles, 30 de julio de 2008

VIVIENDA

Lo niegue quien lo niegue o así lo prohíban mil leyes, todos los ayuntamientos del mundo tienen como primer deber moral de velar por el bienestar de sus vecinos, sobre todo, de los más necesitados. Considerando que tal conveniencia comienza por que nadie pase las noches a la intemperie, la obligación de cualquier regidor es buscarle un techo, por humilde que sea, a las familias que no pueden pagar un mínimo alquiler. Hablamos de deberes éticos y morales, que no de mera competencia administrativa, ya que si no, habría que medir con la misma vara cada ejercicio de poder que los cabildos se otorgan por su cuenta, en perjuicio de la ley estatutaria o constitucional.
La alcaldesa de Cádiz se queja públicamente de tener que asumir un gasto de más de quinientos millones de euros para cubrir el alquiler de aquellos moradores que no pueden hacerlo por su cuenta. Aduce que no es ella, ni la institución que representa, quien tiene que hacerse cargo de semejante problema. Como siempre, implora a la ciudadanía de que sea consciente del esfuerzo que este gesto y cantidad significan para el equipo y las arcas municipales, cuando no tienen por qué hacerlo, y arremete con quienes de verdad son los responsables de tal injusticia, según ella: los gobiernos regionales y centrales. Menos mal que todo aquél que repase las cuentas autonómicas en referencia al gasto social lo puede tener claro meridianamente. De todo el presupuesto que la Junta se gasta en adecuaciones de vivienda y en su habilitación en toda la comunidad andaluza, la mitad va a parar a Cádiz. No es verdad, entonces, que el ayuntamiento tenga que soportar unos gastos que legítimamente corresponden a la Junta. Será, por el contrario, que la administración local se ve obligada a contribuir con parte de su patrimonio –que, por cierto, proviene de los impuestos de cada hijo de vecino- a aliviar este caro y primordial derecho a disfrutar de una digna casa. Posiblemente no haya que escatimar esfuerzos y arrimar todos el hombro para solucionar este problema. ¿O es que las labores de los ayuntamientos se limitan a organizar fiestas, recoger la basura o a recomponer la circulación vial? Si así fuera, habría que reprenderle a la regidora gaditana el exceso de sus funciones cuando soterra trenes, reclama el protagonismo del segundo puente sobre la bahía o se convierte en promotora económica e ideóloga de su propia televisión. Ella sabe, como lo sabemos todos los que tratamos de interpretar el marco de la legalidad, que su aportación municipal es sólo una ayuda a la aplicación del Plan Andaluz de la Vivienda, y con este gesto no hace más que contribuir a la justicia distributiva. Lo que ocurre es que ni la Junta sabe publicitar bien sus proyectos y labores en Cádiz, ni la alcaldesa está dispuesta a decir toda la verdad.
Es un recurso muy fácil recurrir al viejo truco de la marginación de la ciudad con respecto de otras localidades andaluzas, para así ahondar en un absurdo victimismo, del que ella, como una heroína, está dispuesta a salvarnos. Primero prende fuego y después hace de bombero. Bueno, no sólo ella, sino el Concejal de Vivienda, que está en Cancún mientras todo esto ocurre, buscando quizás más agua para apagar el fuego, pues se ve que aquí ya no hay bastante.

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